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El antecedente surge de un juicio de amparo, promovido por una Asociación al considerar que la cancelación de datos personales de personas fallecidas atenta contra la libertad de expresión y el derecho al libre acceso a la información.
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Ante lo anterior la Suprema Corte de Justicia, a través de la Primera Sala, DETERMINÓ que es ILEGAL que el Representante de una Persona Fallecida solicite la eliminación de toda la información personal de todos los registro públicos y privados, si el fallecido NO lo dispuso en su Testamento o bien no haya expresado su voluntad de que así fuera.
Cabe mencionar que la nformación personal es toda aquella que se encuentre almacenada en registros electrónicos, públicos y privados, incluyendo:
- Imágenes
- Audios
- Videos
- Redes sociales, y
- Cualquier otro método de búsqueda por internet.
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En su fallo, de declarar inconstitucional el último párrafo del artículo 1392-bis del Código Civil para la CdMx ya que por lo que al derecho fundamental a la protección de datos personales y su aplicabilidad a personas fallecidas, la SCJN destacó que la Constitución Federal y tratados internacionales consagran la protección de datos para garantizar el control sobre su información personal, siendo sus fundamentos:
- El desarrollo de su autonomía personal;
- Prevenir daños patrimoniales y morales; y,
- El justo y equitativo desarrollo de las relaciones de consumo.
En este sentido, la Sala estimó que el derecho a la protección de datos personales debe ser comprendido a la luz del desarrollo tecnológico actual con el fin de garantizar su goce real y efectivo. Así, en vista de estos desarrollos que permiten la generación, almacenamiento y comunicación de información personal con pocas limitaciones de espacio y tiempo, es posible reconocer la aplicabilidad del derecho a la protección de datos personales para personas fallecidas, toda vez que esta información puede conservarse por tiempos mayores a aquellos de la vida natural de una persona y justifican la persistencia de este derecho aun en caso de su muerte, otorgando una protección contextual a los titulares, ya sea a través de reglas preventivas establecidas en el testamento o para prevenir daños emocionales o patrimoniales a familiares y herederos.
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