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Este ANTECEDENTE<\/p>\n\n\n\n
Surge luego de que: Una persona moral<\/strong>, cuyo objeto social consiste en la promoci\u00f3n y defensa de los derechos humanos<\/strong>, promovi\u00f3 amparo<\/strong> indirecto en contra del art\u00edculo 132, fracc. I, de la Ley Gral. de V\u00edctimas, el cual fue reformado por decreto el 6 de noviembre 2020, al considerar que viola el principio de progresividad<\/strong>, esto por dicho cambio SUPRIMI\u00d3<\/strong> la garant\u00eda presupuestaria para la protecci\u00f3n del derecho humano a una reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o<\/u><\/em><\/strong>,<\/mark> ya que el texto previo a la reforma garantizaba<\/strong> al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral cierta asignaci\u00f3n en el Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n<\/strong>. El Juzgado de Distrito No le concedi\u00f3 la raz\u00f3n, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisi\u00f3n. El Tribunal Colegiado de Circuito reserv\u00f3 jurisdicci\u00f3n a este Alto Tribunal por subsistir el problema de constitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n La Suprema Corte de Justicia <\/mark><\/strong>a trav\u00e9s de la Primera Sala DETERMIN\u00d3<\/mark> <\/strong>que, SI una Autoridad<\/mark><\/strong> del Estado REDUCE<\/strong> el presupuesto<\/strong> destinado a garantizar un derecho humano<\/strong>, est\u00e1 OBLIGADA<\/strong> a justificar y demostrar:<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n La justificaci\u00f3n de la SCJN<\/strong> <\/mark>es que al resolver los amparos<\/strong> en revisi\u00f3n 750\/2015, 1374\/2015, 100\/2016 y 306\/2016<\/em>, estableci\u00f3<\/mark><\/strong> que las autoridades<\/strong> DEBEN garantizar, proteger, promover y respetar, prioritariamente, la plena efectividad de todos los derechos humanos<\/strong><\/mark> y, si NO lo hacen o adoptan medidas REGRESIVAS<\/mark><\/strong>, tienen la OBLIGACI\u00d3N <\/strong>\u00a0de justificar esas acciones y la carga probatoria de demostrarlo<\/strong>.<\/mark> Por tanto, cuando aduzcan una falta de recursos<\/strong> deben probar no s\u00f3lo que realizaron todos los esfuerzos posibles para usar el m\u00e1ximo de los disponibles, sino adem\u00e1s demostrar que la ausencia de recursos se justifica porque se destinaron a garantizar otro derecho humano<\/strong> de similar importancia, y no cualquier objetivo social.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, estas obligaciones<\/strong> DERIVAN<\/mark> directamente de la Constituci\u00f3n General y los tratados internacionales<\/mark><\/strong> de los que el Estado mexicano es parte, porque los derechos humanos<\/strong> reconocidos en el sistema jur\u00eddico son normas que AMPARAN<\/strong> bienes individuales b\u00e1sicos de la m\u00e1xima importancia moral<\/u><\/em>,<\/mark> derivados de los principios de igualdad, autonom\u00eda y dignidad. En esa circunstancia, el principio de progresividad impone a todas las autoridades<\/mark><\/strong> del Estado mexicano, en el \u00e1mbito de sus competencias, el deber de incrementar gradualmente el grado de promoci\u00f3n, respeto, protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos, y tambi\u00e9n les proh\u00edbe adoptar medidas regresivas que disminuyan el alcance y nivel de protecci\u00f3n otorgados<\/mark><\/strong> a los derechos humanos, salvo que exista una justificaci\u00f3n constitucional plena para la medida regresiva que se demuestre fehacientemente.<\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n Esta RESOLUCI\u00d3N<\/mark> <\/strong>es de aplicaci\u00f3n OBLIGATORIA<\/mark> <\/strong>a partir de esta semana en toda la rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Jurisprudencia ADMINISTRATIVA<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n\n