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El ANTECEDENTE surge luego de que una mujer y sus hijas, en un juicio oral familiar, demandaron del esposo y padre, respectivamente, diversas prestaciones del orden familiar. Al ser condenado, el demandado \u2013una persona con discapacidad f\u00edsica (motriz en espec\u00edfico)\u2013 promovi\u00f3 juicio de amparo directo, el cual le fue concedido para poder reponer el procedimiento hasta la audiencia preliminar, para que el quejoso decidiera<\/strong> si requer\u00eda<\/strong> que se le nombrara un representante especial<\/strong>, debido a su condici\u00f3n de discapacidad<\/strong> f\u00edsica y motriz, y su falta de interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n Por lo que la Suprema Corte de Justicia<\/mark>, <\/strong>ante lo anterior DETERMIN\u00d3<\/strong><\/mark> <\/strong>que los Jueces NO deben realizar el nombramiento de un representante especial<\/mark><\/strong> ya que no es armonizable con el modelo social y de derechos humanos establecido en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que dicho <\/strong>nombramiento sustituir\u00eda la voluntad<\/strong> <\/mark>de la persona con discapacidad, adem\u00e1s de que VULNERA<\/mark><\/strong> sus derechos<\/strong> a tomar sus propias decisiones y el de a una vida independiente<\/strong>.<\/mark><\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n Pero si es necesario<\/strong> el establecimiento<\/strong> de un sistema de apoyos<\/strong>, SIEMPRE que as\u00ed lo quiera la persona<\/strong>. con discapacidad involucrada, que respete su voluntad y preferencias.<\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n La Justificaci\u00f3n<\/strong> de la SCJN, es que el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad conlleva tener libertad de elecci\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como capacidad de control sobre las decisiones<\/strong> que afectan a la propia vida. Por tanto, ello comporta que dichas personas cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tener opciones, ejercer el control sobre sus vidas y adoptar todas las decisiones que las afecten. Ahora bien, una de las barreras para ejercer este derecho consiste en la negaci\u00f3n de la capacidad jur\u00eddica<\/strong>, ya sea mediante leyes y pr\u00e1cticas oficiales o de facto por la sustituci\u00f3n en la adopci\u00f3n de decisiones sobre los sistemas de vida. Ciertamente, la perspectiva de discapacidad exige a las personas juzgadoras el an\u00e1lisis<\/strong> de los casos desde un enfoque en clave de derechos humanos, tanto a la hora de interpretar el derecho, como al momento de aplicarlo, para eliminar las barreras que reproduce el sistema de justicia y hacer operativa la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el nombramiento de un representante especial por parte de la persona juzgadora no es armonizable con la Convenci\u00f3n, pues implica un modelo que se basa en la sustituci\u00f3n de la voluntad de la persona con discapacidad. En este sentido, resulta m\u00e1s acorde con el modelo social y de derechos humanos establecido en la Convenci\u00f3n optar por un sistema de apoyos no sustitutivo de la voluntad \u2013en caso de que la persona involucrada lo quiera\u2013, siempre respetando la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad involucrada.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Si estas en el Extranjero <\/mark><\/strong>nosotros somos tu mejor<\/mark><\/strong> alternativa para velar<\/mark><\/strong> por tus intereses<\/mark><\/strong>, escr\u00edbenos o ll\u00e1manos al Tel 55581-11311<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n