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Este ANTECEDENTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n Surge<\/strong> luego de que, en un juicio <\/strong>oral mercantil<\/strong>,<\/mark> una empresa<\/em><\/mark><\/strong> demand\u00f3<\/strong> la<\/em> nulidad de un contrato de compraventa<\/mark><\/strong> y solicit\u00f3 la retenci\u00f3n de cuentas bancarias de la parte demandada como medida cautelar.<\/mark><\/strong> <\/p>\n\n\n\n El juez neg\u00f3<\/strong> la retenci\u00f3n al no demostrarse un \u201ccr\u00e9dito l\u00edquido y exigible\u201d<\/strong><\/mark> <\/strong>esto seg\u00fan el art. 1175 del C\u00f3digo de Comercio.<\/strong> Inconforme promovi\u00f3<\/strong> amparo indirecto<\/strong>, reclamando la inconstitucionalidad <\/strong>del precepto por exigir dicha demostraci\u00f3n en lugar de la \u201capariencia del buen derecho\u201d y el \u201cpeligro en la demora\u201d<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n El juez de distrito No estuvo de acuerdo y sobresey\u00f3 el amparo<\/mark><\/strong>, pero la empresa interpuso un recurso de revisi\u00f3n<\/mark><\/strong>. El Tribunal Colegiado levant\u00f3 el sobreseimiento y reserv\u00f3 jurisdicci\u00f3n para que la Suprema Corte resolviera sobre la constitucionalidad del art\u00edculo<\/mark>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n La Suprema Corte de Justicia<\/mark> <\/strong>ante lo anterior DETERMIN\u00d3<\/mark> <\/strong>que para otorgar la medida cautelar de retenci\u00f3n de bienes en materia mercanti<\/strong>l<\/mark><\/u><\/em>, <\/strong>NO SE APLICAN los criterios de \u201capariencia del buen derecho\u201d y \u201cpeligro en la demora\u201d<\/strong>, ya que estos son exclusivos del amparo<\/strong><\/mark>. <\/p>\n\n\n\n Por lo que, basta con acreditar la existencia de un cr\u00e9dito l\u00edquido y exigible<\/strong><\/mark>, seg\u00fan el art\u00edculo 1175, fracci\u00f3n I, del C\u00f3digo de Comercio.<\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n La justificaci\u00f3n de a SCJN<\/mark><\/strong> es que la retenci\u00f3n de bienes,<\/strong> <\/mark>como toda<\/mark> medida cautelar<\/strong>, <\/mark>NO surge en lo abstracto,<\/mark> sino que se materializa dentro de un proceso conforme a sus reglas<\/strong>. <\/mark>Por tanto, para el otorgamiento de esa medida en materia mercantil<\/u><\/em>, es<\/mark> necesario satisfacer los requisitos del art. 1175, fracc. I, del C\u00f3digo de Comercio<\/strong>,<\/mark> <\/mark>el cual obliga<\/strong> <\/mark>al solicitante a <\/mark>demostrar la existencia de un cr\u00e9dito “l\u00edquido y exigible<\/strong>“.<\/mark><\/p>\n\n\n\n As\u00ed que, tales requisitos se relacionan con la verosimilitud del derecho invocado<\/strong>, <\/mark>pero no se trata de condiciones equivalentes ni intercambiables por otras figuras jur\u00eddicas<\/u><\/em> como lo es la <\/mark>“apariencia del buen derecho” y el “peligro en la demora”<\/strong>,<\/mark> los cuales constituyen<\/mark> requisitos que deben ser examinados para conceder la suspensi\u00f3n en el juicio de amparo<\/strong>. <\/mark>Esto se debe a las<\/mark> claras diferencias que existen entre ambos juicios y a la finalidad de esas medidas cautelares<\/strong><\/mark> <\/strong>en cada caso.<\/mark><\/p>\n\n\n\n De esta manera, si la suspensi\u00f3n en el juicio de amparo<\/strong><\/mark> y la <\/mark>retenci\u00f3n de bienes<\/strong> e<\/mark>n los juicios mercantiles<\/mark> obedecen<\/strong> <\/mark>a procedimientos de <\/mark>naturaleza distinta<\/strong> <\/mark>y esas <\/mark>medidas precautorias tienen finalidades diferentes<\/strong>,<\/mark> entonces el<\/mark> art\u00edculo mencionado no es inconstitucional<\/strong><\/mark> por <\/mark>establecer como condiciones que la parte solicitante pruebe la existencia de un cr\u00e9dito “l\u00edquido y exigible”,<\/strong> <\/mark>en lugar de “la apariencia del buen derecho” y “el peligro en la demora”.<\/mark><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n Esta RESOLUCI\u00d3N<\/mark> <\/strong>es de aplicaci\u00f3n<\/strong> OBLIGATORIA<\/strong><\/mark> en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Jurisprudencia Civil<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n .<\/p>\n\n\n\n