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Este ANTEDECENTE
Surge después de que, una persona fue condenada por incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravado (art. 201 del C. Penal de Morelos) por realizar depósitos inferiores a la pensión alimenticia fijada judicialmente a favor de su hija menor. La condena fue confirmada en segunda instancia.
El sentenciado promovió amparo directo, y el Tribunal Colegiado le OTORGÓ la protección constitucional al considerar que no se acreditó su capacidad económica.
La madre de la menor, como tercera interesada, interpuso recurso de revisión.
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La Suprema Corte de Justicia ante lo anterior DETERMINÓ que, para el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias agravado), la resolución judicial firme en materia familiar que fija la pensión constituye cosa juzgada respecto a la existencia de la obligación y la capacidad económica del deudor, por lo que el JUEZ Penal NO puede revalorar estos aspectos para determinar el delito.
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La justificación de la SCJN es que, la pensión alimenticia fijada por resolución judicial firme implica la presunción de subsistencia, así como la determinación de la obligación y la capacidad económica del deudor con carácter de cosa juzgada. Su incumplimiento es lo que activa la vía penal en su modalidad agravada, sin que el juez penal pueda revalorar esos elementos, pues excedería su competencia. En caso de cambio en la situación económica, el deudor debe acudir a la vía familiar y solicitar la reducción de la pensión con prueba idónea.
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Estas RESOLUCIÓN es de aplicación OBLIGATORIA en todo el país a partir de esta semana.
Jurisprudencia CIVIL-PENAL
Registro digital: 2032166
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La información de hoy procede de la Suprema Corte de Justicia
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